JCE advierte: Quienes hagan campaña antes de tiempo no podrán ser candidatos
Santo Domingo,– La Junta Central Electoral (JCE) advirte en un comunicado a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como a sus militantes y a la ciudadanía en general, que está estrictamente prohibida cualquier actividad proselitista antes de los plazos establecidos por la ley.
En un comunicado oficial, el órgano electoral enfatizó que la realización de consultas previas, anuncios públicos de aspiraciones o cualquier modalidad destinada a definir precandidaturas antes del tiempo reglamentario no solo constituye una violación a la Ley núm. 20-23 y la Ley núm. 33-18, sino que también genera inequidad en la contienda interna de los partidos.
“La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a una competencia igualitaria dentro de las organizaciones políticas. Permitir que algunas candidaturas se definan antes de tiempo crearía una ventaja injusta sobre otros aspirantes, afectando así el ejercicio democrático”, señala el documento.
De acuerdo con la legislación vigente, la precampaña electoral para las elecciones generales de 2028 comenzará el primer domingo de julio de 2027 y concluirá con la escogencia de las candidaturas. La campaña electoral iniciará formalmente con la proclama de la JCE, la cual será emitida a más tardar 70 días antes de los comicios.
Sanciones severas para los infractores
La JCE advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones drásticas, incluyendo la inadmisibilidad de la candidatura. Esto significa que cualquier aspirante que inicie campaña antes del período oficial no podrá ser inscrito ni reconocido como candidato en las elecciones.
Además, el organismo electoral reiteró que cualquier promoción política fuera del calendario establecido podría comprometer la legalidad de las precandidaturas, afectando así la transparencia del proceso.
Finalmente, la JCE reafirmó su compromiso de aplicar estrictamente las sanciones contempladas en la ley, asegurando la equidad y el respeto al principio de legalidad en los procesos electorales del país.
