Retórica Vacía: Escándalos Impunes del Gobierno Abinader
Por Francisco Luciano
El gobierno actual de la República Dominicana, bajo la presidencia de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha desplegado una campaña de imagen pública meticulosamente orquestada, con el objetivo de proyectar al mandatario como un líder infalible, paradigma de transparencia, implacable contra la corrupción administrativa y respetuoso de la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial. Sin embargo, los hechos —que prevalecen sobre cualquier narrativa repetida— nos obligan a concluir que este discurso presidencial no pasa de ser mera retórica vacía, desprovista de acciones concretas.
Interroguémonos sobre el destino de múltiples denuncias que han salpicado a este gobierno desde 2020, muchas de las cuales han quedado en titulares efímeros, sin investigaciones exhaustivas, sanciones efectivas ni correctivos estructurales, más allá de declaraciones presidenciales evasivas. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido con la denuncia de que funcionarios al frente de una institución pública intentaron rentar un edificio inexistente en el polo turístico del este? ¿Dónde quedó la probada estafa perpetrada por Edeeste contra miles de usuarios, a quienes se alteraron facturas para simular eficiencia en la institución? ¿Qué explicación se ha ofrecido sobre las irregularidades en la adquisición de jeringuillas al inicio del mandato, o sobre las vacunas compradas apresuradamente que luego desaparecieron sin rastro? De igual modo, la población sigue sin respuestas claras respecto a los cientos de millones de pesos dilapidados en los bonos del programa Supérate, ni sobre la venta irregular de municiones, o con las indelicadezas que la encargada de Ética Pública minimizó como algo «subsanable». Y qué decir de las graves denuncias documentadas por actores clave en el sector educativo, acerca de pagos por impermeabilización de techos que se abonaron pero nunca se ejecutaron.
A estos se suman otros escándalos notorios que han emergido durante esta administración, sin que se hayan traducido en consecuencias penales o reformas profundas. Entre ellos, el robo de datos personales de personas vacunadas contra la Covid-19 en el Ministerio de Salud Pública, que expuso vulnerabilidades graves en la gestión de información sensible sin que se depuraran responsabilidades. Asimismo, la venta de nombramientos en el mismo ministerio, que llevó a la destitución del director de Recursos Humanos pero no a procesos judiciales. No menos alarmante es la falta crónica de medicamentos en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), que ha afectado a miles de ciudadanos sin que se investiguen las causas subyacentes. En el ámbito educativo, destacan las irregularidades en la adquisición de libros digitales, así como las cancelaciones por anomalías en licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), ambos casos sin avances judiciales significativos. Finalmente, los fraudes y fallos en el sistema de cobro de peajes electrónicos «Paso Rápido», junto con la destitución de empleados de seguridad en el Ministerio de Agricultura por malversación de fondos en el Programa de Apoyo Agropecuario, ilustran un patrón de impunidad que persiste.
Como en la mayoría de los casos anteriores, en el escandaloso caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), la reacción inicial del presidente fue de mofa, desestimando las denuncias como «cosas de la oposición», en lugar de optar por la prudencia de investigar antes de responder. Ahora, con el escándalo al descubierto —revelando lo que se susurraba en voz baja—, el mandatario recurre una vez más a la excusa de delegar en el Ministerio Público, alegando su independencia.
Nadie en este país votó por procuradores; el pueblo dominicano depositó en manos de Luis Abinader y el PRM los destinos de la nación, incluyendo el control del Congreso, lo que les ha permitido imponer su mayoría en instituciones clave, desde la Cámara de Cuentas hasta la Junta Central Electoral. Por ende, al presidente no le resultará tan sencillo eludir sus responsabilidades en estos asuntos, especialmente cuando emergen tras negaciones previas y en medio de una coyuntura donde los apagones, la escasez de agua, el deterioro de los servicios públicos y la falta de recursos para subsistir tienen a la ciudadanía al borde del colapso. La retórica ya no basta; se demandan acciones concretas para restaurar la fe en un gobierno que prometió cambio, pero ha entregado continuidad en la opacidad.
El autor es docente universitario y dirigente político.
