Senador Antonio Taveras llama detener desalojos en comunidades asentadas en
provincia de Santo Domingo y que sea respetada la propiedad privada
El senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, sometió una resolución en la
que le pide al presidente Luis Abinader detener el drama humano que producen los desalojos en
aquellas comunidades que tienen 30 y 40 años asentadas en diferentes puntos de la provincia,
las cuales tienen el arraigo cultural y donde el Estado ha invertido millones en infraestructura.
Algunas de estas comunidades fueron en décadas atrás asentadas en gobiernos anteriores a
través del Instituto Agrario Dominicano (IAD) o en Consejo Estatal del Azúcar (CEA), pero que
hoy aparecen como privadas.
Taveras pide que se declare de utilidad pública y el justo pago de los terrenos a fin de regularizar
estas comunidades entre las que se encuentran Villa Progreso de Los Alcarrizos; Pantoja 1, en
Pantoja; el Ensanche Isabelita en Santo Domingo Oeste; Los Coquitos de Mendoza en Santo
Domingo Oeste; Santa Lucía de La Caleta; Los Mina y Nueva Jerusalén en Santo Domingo
Oeste, y que además se les busque solución a las más de 300 familias en el Barrio Freddy Beras
Goico, en Los Alcarrizos, que también fueron desalojadas.
«Nosotros pedimos que el Estado Dominicano declare de utilidad pública esos terrenos, que
tienen comunidades asentadas con más de 30 años y en los casos donde se compruebe la
titularidad real que se le pague el justo precio a sus dueños para que prevalezca el Estado de
Derecho», dijo Taveras, quien puntualizó que la propiedad privada debe ser respetada en todo
caso.
Entre sus considerandos, la resolución del senador Antonio Taveras destaca que en el artículo
51 de la Constitución reconoce el derecho fundamental de propiedad y establece que ninguna
persona puede ser privada de esta, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,
previo a pago del justo valor.
Señala que el costo social y económico de posibles desalojos en estas comunidades es
elevadísimo y muchas veces es mayor que el propio costo de los terrenos, razón por la cual debe
existir una responsabilidad del Estado por procurar soluciones armónicas que garanticen una
adecuada compensación a los propietarios y a su vez evita el drama humano de sacar estas
personas de estas comunidades.
