Gobierno de los EE.UU. fortalece la transparencia y la competencia justa en la República Dominicana
Santo Domingo, D.N. – El Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP) del Departamento de Comercio de los EE.UU., junto a ProCompetencia, realizaron el taller sobre libre y leal competencia dirigido a más de 120 jueces y fiscales de la República Dominicana. La capacitación, que tuvo una duración de una semana, proporcionó una visión comparativa y amplia de las mejores prácticas internacionales para detectar, investigar y enjuiciar los casos de conducta anticompetitiva, tanto en el mercado público, como en el mercado comercial y destacar el importante papel que desempeñan los tribunales para garantizar que las investigaciones y los enjuiciamientos sean eficaces.
El taller fue impartido a unos 105 jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura y a 20 fiscales del Ministerio Público, contando con facilitadores internacionales expertos que compartieron sus conocimientos sobre las estructuras de gobernanza y la aplicación de normativas eficaces, con ejemplos de los Estados Unidos y otros países, así como recomendaciones para la cooperación y el desarrollo económico. Además, busca no solo fomentar un clima de inversión y emprendimiento en la República Dominicana, sino también garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera equitativa entre todos los sectores de la sociedad, promoviendo así un desarrollo sostenible e inclusivo.
La directora de la USAID, Rebecca Latorraca, señaló que el apoyo de este taller cae dentro de la meta del Gobierno de los Estados Unidos de contribuir a que el Gobierno dominicano implemente reformas democráticas, fortalezca la transparencia y el estado de derecho, y promueva los derechos humanos y el desarrollo.
La defensa de la competencia se ha consolidado como un pilar esencial para la creación de un mercado más equitativo y competitivo. Las leyes de defensa de la competencia no sólo promueven un entorno de juego limpio, sino que también previenen la concentración de poder económico en manos de unos pocos, lo cual frena la innovación y reduce las opciones para los consumidores.
