IDECOOP debe restablecer la legalidad en beneficio del sector cooperativo
Por Francisco Luciano
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) enfrenta un grave cuestionamiento ético y legal al imponer un tributo por la emisión de documentos obligatorios, como la Carta de Certificación de Estados Financieros, de firmas autorizadas y de no objeción de manuales, que las cooperativas incorporadas están obligadas a recibir. Esta medida contraviene los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 127-64, que eximen a las cooperativas de tributos en sus operaciones y documentos, así como el artículo 243 de la Constitución, que reserva exclusivamente al Congreso Nacional la facultad de establecer tributos. Como entidad administrativa, IDECOOP carece de competencia para imponer gravámenes, vulnerando el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 40.15 de la Constitución.
Esta disposición, además de ser ilegal, transgrede el principio de separación de poderes (artículo 4 de la Constitución) y socava la confianza en las instituciones públicas. El sector cooperativo, pilar fundamental de la inclusión financiera y el desarrollo económico y social de la República Dominicana, se ve perjudicado por costos injustificados que limitan su capacidad de cumplir con su labor social. Urge que IDECOOP derogue esta medida de inmediato para evitar mayores perjuicios a las cooperativas y posibles acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional.
Exhortamos a la Dirección de IDECOOP a actuar con transparencia, apego estricto a la ley y compromiso con el fortalecimiento del sector cooperativo. Restablecer la confianza en la institución es esencial para garantizar el bienestar de miles de dominicanos que dependen de estas entidades.
El liderazgo cooperativo no puede permanecer pasivo ni actuar de manera complaciente ante esta afrenta a la legalidad. Permitir esta transgresión hoy podría sentar un precedente peligroso, con consecuencias más gravosas en el futuro. La alegada falta de presupuesto de IDECOOP no justifica violar normativas legales ni trasladar la responsabilidad de su financiamiento a las cooperativas, evidenciando una desidia gubernamental. Las tasas ilegales de hoy podrían convertirse en gravámenes indexados según las necesidades del instituto mañana. Es imperativo actuar con firmeza ahora para evitar lamentaciones futuras.
El autor es docente universitario y dirigente cooperativo
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Por Francisco Luciano
El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) enfrenta un grave cuestionamiento ético y legal al imponer un tributo por la emisión de documentos obligatorios, como la Carta de Certificación de Estados Financieros, de firmas autorizadas y de no objeción de manuales, que las cooperativas incorporadas están obligadas a recibir. Esta medida contraviene los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 127-64, que eximen a las cooperativas de tributos en sus operaciones y documentos, así como el artículo 243 de la Constitución, que reserva exclusivamente al Congreso Nacional la facultad de establecer tributos. Como entidad administrativa, IDECOOP carece de competencia para imponer gravámenes, vulnerando el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 40.15 de la Constitución.
Esta disposición, además de ser ilegal, transgrede el principio de separación de poderes (artículo 4 de la Constitución) y socava la confianza en las instituciones públicas. El sector cooperativo, pilar fundamental de la inclusión financiera y el desarrollo económico y social de la República Dominicana, se ve perjudicado por costos injustificados que limitan su capacidad de cumplir con su labor social. Urge que IDECOOP derogue esta medida de inmediato para evitar mayores perjuicios a las cooperativas y posibles acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional.
Exhortamos a la Dirección de IDECOOP a actuar con transparencia, apego estricto a la ley y compromiso con el fortalecimiento del sector cooperativo. Restablecer la confianza en la institución es esencial para garantizar el bienestar de miles de dominicanos que dependen de estas entidades.
El liderazgo cooperativo no puede permanecer pasivo ni actuar de manera complaciente ante esta afrenta a la legalidad. Permitir esta transgresión hoy podría sentar un precedente peligroso, con consecuencias más gravosas en el futuro. La alegada falta de presupuesto de IDECOOP no justifica violar normativas legales ni trasladar la responsabilidad de su financiamiento a las cooperativas, evidenciando una desidia gubernamental. Las tasas ilegales de hoy podrían convertirse en gravámenes indexados según las necesidades del instituto mañana. Es imperativo actuar con firmeza ahora para evitar lamentaciones futuras.
El autor es docente universitario y dirigente cooperativo
