“JCE publica Resoluciones 15-2025 y 16-2025 sobre financiamiento y orden electoral para 2028”
Santo Domingo. — La Junta Central Electoral (JCE) definió este jueves la nueva distribución del financiamiento público a los partidos políticos, revelando que solo tres organizaciones tendrán acceso al 80 % de los fondos estatales para el próximo ciclo electoral.
De acuerdo con la Resolución 15-2025 del órgano electoral, los partidos que concentran la mayor parte de los recursos son:
Partido Revolucionario Moderno (PRM) Fuerza del Pueblo (FP) Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
El 20 % restante será dividido entre 31 organizaciones políticas, incluidas el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), País Posible (PP) y el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), quienes en conjunto solo accederán al 12 % de los recursos.
Nuevo orden en la boleta electoral para 2028
Además de la distribución económica, la JCE anunció el nuevo orden que tendrán los partidos en la boleta electoral para los comicios de 2028, dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que también incide en el reparto de los fondos públicos para el 2025.
Esta decisión se produce tras el recurso interpuesto por los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC), quienes denunciaron que la anterior distribución violaba principios constitucionales, afectaba derechos adquiridos y aplicaba criterios restrictivos que, según ellos, atentaban contra el principio de igualdad.
Orden oficial de los partidos en la boleta electoral:
Partido Revolucionario Moderno (PRM) Fuerza del Pueblo (FP) Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Dominicanos por el Cambio (DxC) Partido País Posible (PP) Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) Partido de Unidad Nacional (PUN) Justicia Social (JS) Alianza País (ALPAÍS)
Con esta disposición, la JCE busca garantizar mayor claridad, equidad y transparencia tanto en el proceso electoral como en la asignación de los fondos públicos.
