Representante estatal de Massachusetts y alcalde de Lawrence son acusados por presunto fraude con fondos de ayuda por la COVID-19
Francisco Paulino enfrenta 11 cargos federales y es señalado de obtener más de US$700,000; Brian A. DePeña fue acusado por un caso separado relacionado con más de US$1.5 millones en préstamos para pequeñas empresas
BOSTON, Massachusetts. – Las autoridades federales de Massachusetts intensificaron este miércoles las investigaciones por presunto fraude relacionado con los programas de asistencia económica creados durante la pandemia de COVID-19, con la acusación formal contra el representante estatal Francisco Paulino y la presentación de una nueva acusación contra el alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña.
Paulino, representante demócrata del Distrito 16 de Essex, que comprende sectores de Lawrence y Methuen, fue arrestado este miércoles y acusado por un gran jurado federal de 11 cargos: ocho de fraude electrónico y tres de lavado de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, Paulino, de 46 años y residente en Methuen, presuntamente obtuvo más de US$700,000 mediante beneficios de desempleo y préstamos destinados a pequeñas empresas durante la pandemia. Las autoridades sostienen que parte de esos recursos habría sido utilizada para operaciones inmobiliarias y préstamos realizados a través de su negocio hipotecario.(Departamento de Justicia)
Presunta utilización de la identidad de un familiar
Según la acusación, uno de los episodios habría comenzado en abril de 2020, cuando Paulino supuestamente presentó una solicitud de Pandemic Unemployment Assistance (PUA) a nombre de un familiar de 77 años que, según los fiscales, desconocía que sus datos estaban siendo utilizados.
La Fiscalía sostiene que Paulino habría declarado falsamente que el familiar había trabajado para su empresa, Madison Tax, LLC, y habría presentado documentos presuntamente falsificados y certificaciones semanales falsas ante el Departamento de Asistencia por Desempleo de Massachusetts.
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, la agencia habría depositado más de US$44,000 en beneficios en una cuenta bancaria que, según la acusación, estaba únicamente a nombre de Paulino.
Los fiscales alegan que parte de ese dinero fue utilizada para gastos inmobiliarios, pagos de préstamos y transferencias a una cuenta vinculada a su campaña política. (Departamento de Justicia)
También lo acusan de utilizar préstamos para operaciones inmobiliarias
La acusación federal incluye además tres préstamos del programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), administrado por la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
Según los fiscales, Paulino habría presentado información falsa para obtener un préstamo de US$136,600 para Jackson Enterprise, Inc., una empresa que había sido constituida como restaurante. La Fiscalía sostiene que utilizó aproximadamente US$18,000 de esos fondos para la compra de un inmueble en Lawrence. (Departamento de Justicia)
En otro episodio, las autoridades alegan que Paulino obtuvo para Madison Tax un préstamo EIDL que posteriormente aumentó hasta US$401,800. De acuerdo con la acusación, habría transferido US$100,000 y posteriormente otros US$120,000 a Madison Mortgage, otra empresa vinculada a él, utilizando esos recursos para financiar préstamos hipotecarios.
Los fiscales sostienen además que habría cobrado intereses de 5.5 % y 7.94 %, así como una comisión de originación de US$25,000, utilizando fondos procedentes del programa federal. Departamento de Justicia)
Un segundo caso involucra al alcalde de Lawrence
El mismo miércoles, la Fiscalía Federal hizo pública una acusación formal contra Brian A. DePeña, alcalde de Lawrence, en un caso separado.
DePeña, de 61 años, fue acusado por un gran jurado federal de 11 cargos: cuatro por fraude electrónico y siete por lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, se le acusa de haber obtenido fraudulentamente más de US$1.5 millones en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la pandemia.
Los fiscales alegan que parte de esos recursos fue utilizada para financiar su cuenta de campaña, pagar impuestos personales y cubrir más de US$880,000 en hipotecas de alto interés relacionadas con propiedades que poseía en Lawrence. (Departamento de Justicia)
DePeña había sido arrestado previamente, el 14 de agosto de 2026, luego de que las autoridades presentaran inicialmente una denuncia penal en su contra. Fue elegido alcalde de Lawrence en noviembre de 2021 y reelegido en noviembre de 2025. Antes de llegar a la Alcaldía, formó parte del Concejo Municipal de Lawrence entre 2016 y 2021.(Departamento de Justicia)
Las autoridades aclaran que son casos separados
Aunque las acusaciones contra Paulino y DePeña fueron anunciadas el mismo día y ambas están relacionadas con programas de ayuda establecidos durante la pandemia, las autoridades federales han indicado que se trata de dos casos separados.
La fiscal federal Leah B. Foley y funcionarios del FBI, del Servicio de Impuestos Internos (IRS), del Departamento de Trabajo y otras agencias participaron en el anuncio de las acusaciones.
El Departamento de Justicia también recordó que los cargos contenidos en las acusaciones son alegaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.
Posibles penas
Los ocho cargos de fraude electrónico que enfrenta Paulino contemplan individualmente una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y libertad supervisada.
Los tres cargos de lavado de dinero contemplan penas máximas de hasta 10 años de prisión, además de multas y libertad supervisada. Cualquier sentencia, sin embargo, dependería de una eventual condena y de las normas federales aplicables. (Departamento de justicia)
Las acusaciones contra ambos funcionarios se producen mientras la Fiscalía Federal de Massachusetts mantiene una estrategia ampliada contra el fraude relacionado con programas públicos. En marzo de 2026, la fiscal Leah Foley anunció la creación de un equipo especializado en fraude de beneficios y electoral para investigar posibles irregularidades en programas de asistencia pública en el estado. (Departamento de justicia)
