Yeni Berenice Reynoso señala Operación Calamar se trata de
un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la
región

La procuradora adjunta destaca la solidez de la investigación realizada por el Ministerio
Público

SANTO DOMINGO, (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios
de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo domingo a
las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los
detenidos mediante la Operación Calamar.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción de esta
circunscripción, tomó la decisión atendiendo una solicitud de la barra de la defensa,
quienes alegaron no conocer el expediente.
En la audiencia de este martes la procuradora adjunta y directora de Persecución,
Yeni Berenice Reynoso, destacó los estándares de calidad de la investigación
realizada por el Ministerio Público en este proceso.
“Este es un proceso en el que el Ministerio Público ha estado por varios meses
haciendo una profunda investigación acorde a los más altos estándares de
investigaciones para red de criminalidad organizada, porque este caso se trata de un
entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región”, precisó
Reynoso, quien señaló que para lograr la solidez con la que cuenta este expediente,
el órgano de justicia trabajó sin descanso.
“En ese sentido, el Ministerio Público, sin descansar, trabajando muchas veces
jornadas de hasta 18 horas, de lunes a lunes, ha hecho de manera preliminar una

imputación de cargos a los fines de solicitar medida de coerción, más que sustentado,
más que acreditado, con pruebas que pudieran ser calificadas de sobreabundante
para esta etapa del proceso en la que nos encontramos”, indicó la procuradora
adjunta.
Reynoso, quien habló a la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se
mostró segura de que el Ministerio Público logrará la imposición de los 18 meses de
prisión que ha solicitado como medida de coerción para los imputados, así como
también la declaratoria de complejidad del proceso.
“No hay forma de que no sea declarado complejo, este proceso, esta red que tocó el
patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, hasta el
momento es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el
Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del
patrimonio público”, explicó la directora de Persecución.
Reynoso, quien señaló que la investigación de este proceso continúa abierta, pidió a
la sociedad conocer las imputaciones para que puedan evaluar la solidez del
expediente depositado en contra de este entramado por parte del Ministerio Público.
“Lo que nosotros si le podemos decir, que es una investigación compleja. Es una
imputación que es importante que las personas antes de evaluarla se tomen, por lo
menos, la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso
imputados en este caso”.
En la audiencia de este martes, Reynoso estuvo acompañada del procurador adjunto
titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción
Administrativa (Pepca), Wilson Camacho; por la Coordinadora de Litigación de la
Pepca, Mirna Ortiz, por los fiscales Miguel Crucey, Miguel Collado, Rosa Ysabel,
Rosa Alba García, Melbin Romero, Arolin Lemos, Elvira Rodríguez, Marinel Brea,
Héctor García y Andrés Mena.

El expediente acusatorio del Ministerio posee más de tres mil páginas y más de
1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red
sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos
2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos
distribuidos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de
Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas
de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía
Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex
ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras
Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar
Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel
Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel
Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y
Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir
Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito
Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David
Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye
conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como
los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre
Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.