Promulgan Ley Plan Anti-Crisis República Dominicana 2026: Alivio Fiscal para MIPYMES y Amnistía Tributaria
El Poder Ejecutivo promulga el Plan Anti-Crisis para dinamizar la economía dominicana y eliminar los anticipos a las MIPYMES.
La nueva legislación elimina el esquema de anticipos para las micro, pequeñas y medianas empresas, e introduce indexaciones al Impuesto sobre la Renta
En un movimiento estratégico para blindar la economía nacional frente a la volatilidad de los mercados internacionales, el Poder Ejecutivo promulgó oficialmente la Ley Plan Anti-Crisis República Dominicana 2026. Esta nueva legislación introduce reformas profundas destinadas a fomentar el crecimiento económico, aliviar la carga fiscal del sector productivo y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el país.
El eje central de esta reforma tributaria responde a un histórico reclamo de los sectores comerciales: la exención de anticipos MIPYMES. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las micro, pequeñas y medianas empresas quedan liberadas de este esquema de pago adelantado, inyectando liquidez inmediata al motor de la economía dominicana. Asimismo, el texto legal indexa las exenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicadas a los salarios de los trabajadores, protegiendo el poder adquisitivo frente a la inflación actual.
Amnistía fiscal temporal hasta diciembre de 2026
Para los contribuyentes con deudas acumuladas, la normativa establece una amnistía fiscal temporal extraordinaria que permanecerá vigente de manera estricta hasta el 31 de diciembre de 2026. Este mecanismo permitirá a las personas físicas y jurídicas regularizar su estatus ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sin la aplicación de recargos punitivos desproporcionados.
De igual forma, el Plan Anti-Crisis contempla modificaciones estructurales en los impuestos aplicados a servicios digitales y licencias de software provenientes del exterior, adaptando el marco impositivo local a la era de la economía digital. Aunque la bancada opositora argumentó que las medidas recaudatorias —proyectadas entre los 40,000 y 50,000 millones de pesos— perdían urgencia tras los recientes acuerdos de estabilidad en Oriente Medio, el Gobierno central defendió la premura de su ejecución para garantizar inversiones clave en infraestructura y programas sociales.
Con esta promulgación, el Estado dominicano redefine las reglas de juego fiscales para el cierre del año, apostando por la desburocratización y el soporte directo a los emprendedores y asalariados como principal estrategia de resiliencia económica.
